domingo, 20 de diciembre de 2009

El desastre de los Presupuestos

Hace unos días, con el voto, entre otros, del diputado Vicens, fueron aprobados los Presupuestos Generales de nuestra comunidad para 2010. El Govern puede, pues, relajarse: una vez aprobados los Presupuestos, que son la pieza legislativa imprescindible para mantenerse en el gobierno –cosa diferente de gobernar-, el President Antich, la Presidenta Armengol, etc., podrán dedicarse a elaborar códigos éticos –en papel mojado, naturalmente-, a administrar las disputas de y con sus socios, y a manifestar con gran solemnidad que esto, entre todos, lo vamos a arreglar: el Pacte per la Competitivitat y otras piezas retóricas similares.
Pero merece la pena echarle un vistazo a los grandes números para reflexionar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos.
El Conseller Manera comenzó las negociaciones del presupuesto durante el verano con el objetivo de reducir los gastos en €500 millones respecto a 2008. Imposible. El President Antich y el Conseller Manera no consiguieron convencer a sus socios de que una brutal caída de los ingresos exigía un serio esfuerzo de austeridad y la reducción de gastos se quedará en sólo unos €170 millones. Es decir, la capacidad de presión de UM, ERC, EU, PSM, etc., hace que en 2010 vayan a gastarse €330 millones que con toda seguridad podrían haber no llegado al presupuesto si el President y el Conseller de Economía hubieran tenido la energía política suficiente. €330 millones como mínimo. Lástima.
Lástima porque, además, para gastar esos prescindibles €330 millones la CAIB tendrá que endeudarse: los Presupuestos prevén un incremento de su endeudamiento de 694 millones de euros en 2010. Esa deuda se añadirá a la que la CAIB tendrá al finalizar el año 2009, que estará en torno a los 4.200 millones de euros, para llegar a alcanzar al finalizar el año 2010, previsiblemente, unos 5.000 millones de euros, sin incluir la no despreciable deuda de las corporaciones locales.
El PIB de Baleares en 2008 fue de 27.500 millones de euros (a precios corrientes). El PIB es el flujo de renta del que deben salir los fondos para reducir esa deuda. Para 2009 se estima una reducción del 3,8%, es decir, que el PIB de 2009 será de unos 26.500 millones de euros a precios de 2008. Suponiendo un 2% de inflación total en el bienio 2009-2010 y un crecimiento del 0% en 2010 (la previsión para España del servicio de estudios del BBVA, por ejemplo, es del -0,7% y la de The Economist, del -0,1%), el PIB de 2010 será de unos 27.000 millones de euros. Es decir, que, juntando las piezas del puzzle, tendremos una deuda de 5.000 millones de euros para un PIB de 27.000 millones. €5.000 millones como comunidad autónoma, porque como parte de España nos afecta, naturalmente, el endeudamiento del resto de las administraciones públicas españolas: dentro de un año, es decir, al finalizar el 2010, se estima que el endeudamiento de todas las administraciones públicas representará un 63% del PIB, es decir, unos €650.000 millones de euros.
Los €5.000 millones de deuda de la CA, ¿son mucho o poco? El nivel de endeudamiento adecuado para una comunidad autónoma o para el conjunto de la administraciones es una cuestión de gran alcance que depende de muchos factores coyunturales y estructurales, una cuestión compleja que no pretendo, un mucho menos, abordar aquí en su totalidad. Pero sí hacer algunas consideraciones sobre la sostenibilidad del ritmo de gasto y sobre las previsibles consecuencias políticas.
Si Baleares recuperara crecimientos altos del PIB el peso de la deuda sería menor: siendo más ricos el mismo nivel de endeudamiento –por ejemplo, €5.000 millones- sería relativamente menor. Además, si crecimientos altos del PIB se recuperaría la recaudación fiscal: más ingresos, más solvencia, mayores niveles de gasto sin endeudamiento. Lamentablemente nadie prevé esos crecimientos altos en los próximos años.
Si España recuperara crecimiento altos del PIB se recuperaría la recaudación fiscal y habría dinero para dar a las CA. Lamentablemente nadie lo prevé, por lo que España, para no acabar como Grecia, se habrá de enfrentar a una seria consolidación fiscal durante los próximos años, es decir, a reducir su gasto público y a considerar el aumento de algunos impuestos. Consecuentemente habrá poco dinero para las CA, especialmente para aquellas, como la nuestra, que no pueden presionar efectivamente al Gobierno, como Cataluña.
Es decir, malas perspectivas por el lado de los ingresos. Por otro lado, €5.000 millones de deuda pueden llegar a costar mucho dinero en intereses. ¿Qué pasará cuando los tipos de interés suban, cuando el EURIBOR pase del 1% al 3% o al 4%? ¿Cuántos millones de euros habrán de pagarse que no podrán gastarse en otras cosas?
La combinación de estancamiento de la economía balear y española, alto endeudamiento y futuro aumento de los tipos de interés, dibuja un horizonte verdaderamente oscuro. La incapacidad de diseñar unos Presupuestos mínimamente austeros -¡ni siquiera esos €500 millones de reducción propuestos por Antich y Manera en el verano!- es una auténtica irresponsabilidad porque el ajuste de los gastos será inevitable, pero al aplazarlo hasta el año próximo tendrá que ser más severo que el necesario de haberse hecho ahora: habrá que enfrentar un mayor servicio de la deuda (intereses y devoluciones) lo que obligará a reducir otros gastos que acabarán siendo las partidas fundamentales del presupuesto, es decir, educación y sanidad.

5 comentarios:

Javier Moreno dijo...
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Javier Moreno dijo...
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Javier Moreno dijo...

Gonzalo, si no hay posibilidad de aumentar los ingresos, necesariamente habrá que reducir el gasto para eqilibrar la balanza, si no queremos endeudarnos más. ¿Qué medidas propones tú para disminuir el gasto público en la comunidad?

Gonzalo Lozano dijo...

Los ahorros deben salir de varios conceptos. El primero es el puro derroche de subvenciones indefendibles, asesores, mala gestón pura y dura y simple corrupción.
El segundo es el de la sobredimensión y la innecesaria complejidad de la administración. La estructura de la administración en Baleares: una administración autonómica, cuatro -¡cuatro!- administraciones insulares, más los municipios, sumada a su "densidad" es un sinsentido. Con densidad me refiero a la repetición de las competencias y/o de los objetivos. Por ejemplo, hay una Conselleria de Cultura en el Govern, una en el Conbsell Insular de Mallorca -y supongo en los otros- y una Regiduria de Cultura en el Ajuntamiento de Palma.
La multiplicidad de organismos adminstrativos no sólo hace la administración ineficiente y lenta para el ciudadano, sino que produce una presión enorme hacia el gasto. Volviendo a cultura: tres niveles de administración consguirán presionar eficazmente para gastar: viven de ello.
Y finalmente, habría que revisar los objetivos y las políticas de las administraciones. Cosas, como por ejemplo, la "Oficina de Emancipación Juvenil". ¿Debe la administración ocuparse de la emancipación de los jóvenes? O las subvenciones a la compra de electrodomésticos .varios millones de euro cada año-, o las subvenciones a los teatros municipales y del Consell, etc, etc.
Y, por supuesto, grandes items trasnversales del presupuesto, como las retribuciones, deberán ser consierados.
Lo que no se puede hacer de ningunba manera es ignorar la limitación real de recursos de la Comunidad.
De todos estos conceptos salían, sin duda, los €330 millones que Antich y Manera no fueron capaces de hacer aceptar a sus socios de gobierno

Javier Moreno dijo...

Gracias por tu respuesta, Gonzalo. El análisis inicial que hacías en tu post seguido de este segundo post-respuesta me parece muy bien. Tenemos un problema e intentamos buscarle una solución. Yo te podría añadir, que para mí, sería mejor, antes de intentar darle solución al problema, valorar éste desde diferentes puntos de vista.

En momentos de bonanza económica casi nadie se queja de la cantidad de personal con empleo público, de las subvenciones a entidades y partidos y de la duplicidad, triplicidad y eneplicidad de estamentos e istituciones que tiene el mismo cometido y se solapan.

El problema de fondo no son las subvenciones, que pueden ser fácilmente suprimibles a bajo costo político. El problema es desde mi punto de vista el empleo público (de personal estatutario). A este colectivo ni lo toques (es la consigna española). En todo caso el personal que se podrá reducir es el de contratación laboral o los puestos de asesores de designación personal.

¿Cuando fue la última vez que se echó a la calle a un policía local o a un bombero, o a un médico del sistema público, sobre todo de los que tienen una "plaza en propiedad" por disminución de los ingresos públicos?.

La discusión seria consistiría en "vamos a ver quién tiene el valor de ponerle el cascabel al gato" y pide una reforma de la ley de la función pública acorde al siglo XXI.

Todavía tenemos una ley de la función pública que data del franquismo.

Mientras aquí cualquier empleado del sector público tenga mejores condiciones de trabajo que cualquier empleado de la empresa privada o cualquier autónomo, ¿quién motiva a la gente a emprender o a permanecer en la empresa privada?

¿No sería más adecuado una buena reforma de la función pública?

¿No sería más adecuada una buena información, detallada, de todas las estadisticas de la función pública?

¿Necesitamos p.ej. que un médico o un profesor de universidad sean funcionarios?